Pronunciamientos desde el mundo sindical y también desde la FECH contra la declaración de inconstitucionalidad a la Ley que prohibe contratar con el Estado a empresas condenadas por vulnerar derechos de sus trabajadores.

El año 2008 se dictó una ley (Ley 20.238) que prohíbe participar en licitaciones públicas y adjudicarse contratos de organismos públicos a empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores. Esta prohibición no es absoluta: dura tan solo 2 años.

Sin embargo, las empresas Starco S.A. y Banco de Chile S.A. empresas intentan que el Tribunal Constitucional declare que la prohibición de contratar con el estado durante 2 años es inconstitucional, y se les permita hacerlo pese a haber sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores.

Si tienen éxito, sentarán un grave precedente:  todas las empresas que contratan con ministerios, servicios públicos y municipalidades se sentirán con toda la libertad de atentar contra los derechos de sus dependientes, una y otra vez, pues su único castigo será una multa irrisoria y la publicación de su nombre en el listado de la Dirección del Trabajo.

Adjuntamos aquí la interpelación al Congreso realizada por diversos dirigentes del mundo sindical, y la realizada por el Presidente FECH, Gabriel Boric, al respecto.

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Señores

Diputados y Senadores del

Congreso Nacional de Chile

Me dirijo a ustedes en representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con el objeto de hacer presente un hecho que podría terminar afectando gravemente los derechos de los trabajadores y de los chilenos en general.

Como es de su conocimiento, la ley 20.238 establece como sanción a las empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales o por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores, la prohibición de participar en licitaciones públicas durante un periodo de dos años.

El Banco de Chile luego de iniciar un juicio en sede civil, ha interpuesto un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de dicha norma. De acogerse lo anterior, se sentaría un precedente negativo que terminaría debilitando el mecanismo que este mismo Congreso aprobó con el objeto de sancionar a las empresas que vulneran gravemente los derechos de los trabajadores.

Que un órgano que carece de toda legitimidad democrática como el Tribunal Constitucional sea capaz de borrar con el codo las leyes aprobadas por el Congreso, nos parece altamente preocupante. Lo anterior aparece como una expresión más de una institucionalidad caduca, construida para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos por sobre los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Los estudiantes de Chile nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para manifestarles nuestra preocupación y para solicitarles que tomen cartas en el asunto, de acogerse el requerimiento en cuestión se seguiría profundizando la crisis de legitimidad por la que atraviesa el sistema institucional en su conjunto. En momentos donde la ciudadanía y los movimientos sociales cuestionamos fuertemente el carácter del Estado, expresado en lo restringida de nuestra democracia y en el rol subsidiario que este asume frente al mercado, urge realizar acciones que apunten en otra dirección.

Esperando una favorable escogida les saluda atentamente.

Gabriel Boric Font

Presidente de la Federación

De estudiantes de la Universidad de Chile